Bogotá, 8 de mayo de 2025 – Un juez de la República ordenó en las últimas horas el traslado a prisión de Freddy Arley Castellanos, señalado de abusar sexualmente de al menos tres menores de edad en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital.
La audiencia de imputación se extendió por más de cinco horas, al término de las cuales el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento intramural. Castellanos, quien se desempeñaba como docente en el jardín infantil, fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pese a la gravedad de las acusaciones, el implicado no aceptó los cargos.
Según la investigación, los abusos habrían ocurrido entre marzo y abril de este año. Las denuncias fueron presentadas por los padres de los menores afectados, quienes notaron cambios en el comportamiento de sus hijos. El equipo psicológico del ICBF confirmó afectaciones físicas y emocionales, derivadas de dinámicas lúdicas supuestamente manipuladas por Castellanos para cometer los actos.
El caso ha generado rechazo e indignación en la comunidad de San Cristóbal, que exige justicia y penas ejemplares. “Los niños no se tocan, los niños se protegen”, gritaron manifestantes frente al hogar infantil. El plantón fue liderado por madres de familia que exigieron endurecimiento de las leyes contra abusadores.
El ICBF, por su parte, anunció acciones legales contra el operador contratado para la administración del hogar, e informó que, aunque el acusado no tenía antecedentes judiciales, se implementarán medidas más estrictas de verificación. Entre estas, se contempla la instalación de cámaras en todos los hogares infantiles y la priorización del género femenino en la contratación de personal a cargo del cuidado de los niños.
Además, 27 menores iniciaron procesos de restablecimiento de derechos para verificar su situación emocional y física. Por el momento, el hogar infantil permanecerá cerrado, y la directora del ICBF aseguró que se hará una revisión profunda de todos los servicios que prestan atención a menores.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció que el Estado falló en su responsabilidad de protección, y respaldó las medidas anunciadas por el ICBF.
Freddy Arley Castellanos fue enviado a la cárcel La Modelo, en Bogotá, mientras continúa el proceso judicial. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena entre 8 y 16 años de prisión, sin derecho a rebajas, dado que los delitos fueron cometidos contra menores de edad.
Una nueva manifestación de la comunidad está convocada para mañana frente a la sede central del ICBF, exigiendo justicia y garantías de no repetición.
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